La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía adeuda todavía pagos correspondientes al año 2012 a multitud de usuarios del servicio de la Ley de Dependencia.
Actualmente, la Junta está proponiendo a estos usuarios (o las personas responsables de los mismos) que se acojan al Plan de Pago a Proveedores del Gobierno Central, prometiendo que así cobrarán las cantidades que se les deben y les fueron prometidas. Pero no es así.
El objetivo de la Junta de Andalucía es el de obtener el consentimiento de los beneficiarios de la Ley de Dependencia para incluir la millonaria deuda que mantiene con ellos en el Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno central. Una iniciativa que el Ministerio de Hacienda considera inviable porque no cumple los supuestos establecidos, pero que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales está llevando a cabo.
Según publicaba el pasado 29 de septiembre el periódico ABC, diversas fuentes señalaron que empleados adscritos a la Assda han ido casa por casa entrevistándose con dependientes a los que la Junta les adeuda dinero. Con ellos portaban tres documentos. El principal era un modelo de rechazo de aceptación o voluntad de acogerse al mecanismo extraordinario de Pago a Proveedores, regulado en el Real Decreto 8/2013 de 28 de junio. Los otros dos sirven para modificar algún dato personal o dejar constancia de que el beneficiario de la ayuda está «ausente o ilocalizable». Durante el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 27 de septiembre en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, el portavoz del Partido Popular, Juan Manuel López, denunció el hecho aportando como prueba el primer documento de aceptación al plan al que se hace referencia, que se muestra a continuación.
La aceptación por parte del beneficiario –o su cuidador– supuestamente implicaría que los impagos de la Administración regional serán abonados por el Gobierno central a través del nuevo Plan de Pago a Proveedores. Una posibilidad a la que se ha acogido la inmensa mayoría de los dependientes ante la promesa de que «iban a cobrar pronto».
Pero eso no es legalmente posible. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda, a pesar de que en el nuevo Plan de Pago se ha dado preferencia a las deudas de las administraciones en los ámbitos de la sanidad, educación o servicios sociales, el Real Decreto que lo regula establece como beneficiarios a personas jurídicas. «Es decir, Organizaciones No Gubernamentales o asociaciones, por ejemplo, no personas físicas», precisaron. Desde el Ejecutivo central se aseguró que «se ha informado a todas las comunidades autónomas y en la norma están los conceptos para acogerse al Plan de Pago», por lo que «no entendemos por qué la Junta de Andalucía actúa así».
