Dudas sobre la legalidad de la adjudicación a Ploder

El debate surgido en el Pleno del mes de abril del Ayuntamiento de Mairena del Alcor sacó a relucir las dudas existentes en la adjudicación de las obras de la canalización del tendido eléctrico bajo la carretera A-392, que se adjudicaron sin realizarse concurso público y de manera directa a la empresa Ploder a través GIASA, la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Andalucía.

Estas dudas aparecieron en la aprobación de la propuesta del nuevo plan de ajuste que aprobó el Consistorio mairenero para acceder al nuevo plan de pago de proveedores, en él se ha incluido la factura que se adeuda a Ploder por el valor de 479.986,23 euros más los intereses de demora, que llevan pendientes desde 2009 y cuyo pago debe ser inmediato debido al apremio recibido tras sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 11 de Sevilla.

El delegado de Hacienda de Mairena del Alcor, Manuel Marín, recordó en el Pleno que el límite que marca la normativa para la adjudicación directa de obras públicas está en 50.000 euros, cifra ampliamente superada en la licitación de la canalización del tendido eléctrico. Marín aseguró que «el procedimiento de licitación pública en libre concurrencia se omitió por la antigua Corporación, encabezada por el señor Casimiro Gavira».

Marín mostró ante el Pleno los informes del interventor y de la secretaria en los que se especifican el procedimiento de adjudicación de las obras. La Junta de Andalucía, a través de GIASA, adjudicó las obras de la variante de Mairena del Alcor y El Viso del Alcor de la carretera A-392 a la empresa Ploder. El Consistorio mairenero contactó directamente con GIASA para la realización de las obras de la canalización subterránea del tendido eléctrico, afectando a los trabajos de la propia carretera. A partir de esto, se elaboró un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y GIASA, pero no se firmó, mientras que GIASA preadjudicó estas obras a Ploder por 479.986,23 euros.

Una vez finalizadas las obras, en junio de 2009, el Ayuntamiento reconoció la deuda con la empresa Ploder por la ejecución de dichas obras, a pesar de no haber ningún expediente de adjudicación de los trabajos.

Por todo ello, Marín aseguró que «la legalidad hay que respetarla» y le preguntó al exalcalde, Antonio Casimiro Gavira, «por qué se realizó el encargo de esta manera» y «por qué se eludió el procedimiento legalmente establecido».

Por su parte, Antonio Casimiro Gavira contestó que la obra «era necesaria», ya que «en verano no se podía enchufar ni un ventilador». En su explicación, Gavira dijo que no hubo ningún procedimiento porque «cuando nos pusimos en contacto con la Consejería de Obras Públicas, le dijo a GIASA que se hiciera un contrato de mejora y después se firmara un convenio con el Ayuntamiento». Tras esto, según Gavira, «el informe del interventor nos dijo que el convenio no se podía firmar porque el Ayuntamiento tenía que avalar a la Junta. Le dijimos a Ploder que reclamara a la Junta. Otra cosa es que la Justicia nos haya condenado». Por último, el exalcalde defendió que la idea del «contrato de mejora era buena», ya que «no teníamos capacidad para entrar en esa obra, ni por seguridad ni por legalidad cuando ya había allí una empresa trabajando».