Los manifestantes fueron recibidos el pasado sábado en el ayuntamiento por representantes de todos los partidos políticos
La movilización de los ya ex trabajadores y proveedores de Sanrocon, empresa filial del Grupo Carreto, partió el pasado sábado pasadas las 10 de la mañana desde el hotel Mairena, vinculado a la empresa, y donde se concentran todos los viernes desde hace aproximadamente un mes (con intención de seguir haciéndolo). El objetivo era denunciar los impagos, que, según los datos que manejan, suponen la cuantía de entre 5 y 6 millones de euros en el caso de los proveedores que se han manifestado, y en torno a 1 millón por parte de los trabajadores.
La marcha se desarrolló sin incidentes, con especial clamor en su discurrir frente a las propiedades vinculadas al Grupo Carreto (como la gestora inmobiliaria de Cervantes) y con silencio al paso por San Sebastián, donde se oficiaba un funeral.
Ya en la Plaza de las Flores, adonde llegaron entre 100 y 150 personas, un nutrido grupo de trabajadores y proveedores accedieron al Ayuntamiento para reunirse con representantes políticos de los cuatro partidos de la corporación. Ambos colectivos tuvieron ocasión de explicar su situación, reiterando que se han sentido engañados tras la confianza depositada en la empresa y lamentando que sean los bancos los primeros que han cobrado. Esto, afirman, ha servido a la empresa para “limpiar sus cuentas” y asegurar sus bienes.
Por su parte, los representantes políticos se comprometieron a convocar próximamente Comisión Informativa, estudiar las herramientas de las que disponen e incluso fijar un Pleno Extraordinario que apruebe medidas vinculantes. También manifestaron su pretensión de tener futuras reuniones con los colectivos manifestantes así como con la empresa. Por otro lado, los miembros de la corporación han recordado que, en virtud del convenio firmado recientemente con la Consejería de Vivienda, los afectados por inminente pérdida de bienes pueden ser asesorados en el consistorio.
Novedades
A mediados de semana, representantes de los trabajadores se reunieron con Francisco Sánchez hijo en el Ayuntamiento, que ha actuado como mediador. Según cuentan, Sánchez aseguró que pagará las indemnizaciones entre diciembre y marzo, pero para las nóminas (una media de 7 por trabajador) les remitió al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). A esta entidad no podrían recurrir, dicen, hasta que no se produzca la liquidación de la empresa, algo que podría producirse en los próximos días, toda vez que el administrador judicial (que lleva varios meses estudiando a la empresa) emita los pertinentes informes.
La posibilidad de cobrar entre diciembre y marzo era un aliciente para trabajadores que, en algunos casos, están en una situación desesperada. A este acuerdo se llegó durante las negociaciones del ERE presentado por la empresa. Los trabajadores asumen que, en caso de que pudieran cobrar de Fogasa, no sería la totalidad de la cantidad que se les adeuda.
Fuente:elperiodicodemairena.com
